Andrés Manuel López Obrador, presidente de México -REUTERS / Henry Romero
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) 24.09.2021.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con padres y madres de 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero (sur), a casi siete años de los ataques de policías a cinco autobuses que trasladaban a un centenar de alumnos y que dejaron casi a la mitad desaparecidos.
“En el encuentro en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional (sede del Ejecutivo federal) participaron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez”, informó la Presidencia.
A la reunión asistieron además “el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo”, indica un escueto comunicado difundido con fotografías de la reunión, sin detallar el contenido del encuentro.
López Obrador encabeza una comisión que atiende la desaparición en Ayotzinapa “como un asunto de Estado”.
El encuentro ocurre en vísperas el séptimo aniversario de los ataques de patrullas de cinco municipios que desencadenaron la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur), que dejaron nueve personas muertas y 27 heridas.
Nueva investigación
Encinas reiteró después del encuentro a periodistas que la llamada “verdad histórica” que sostuvo sobre ese caso la anterior administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “fue construida con pruebas fabricadas, incluso se falsificaron llamadas anónimas”.
La nueva fiscalía señala que “la tortura se utilizó de manera generalizada, se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones”.
Encinas, acompañado por el fiscal especial Omar Gómez Trejo dijo que las anteriores autoridades trataron de cerrar la investigación en tres días, pero ahora “se rompió el silencio” de funcionarios, testigos y acusados.
Los nuevos peritajes se basan en el análisis de 80 millones de llamadas, y seguimiento a 116 números telefónicos.
Una de las líneas de investigación apunta a que sicarios del grupo narcotraficante Guerreros Unidos actuaron en complicidad con los policías municipales de Iguala, y que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los delincuentes agresores que representada un motivo del ataque.
Los policías persiguieron y balearon a los cinco autobuses, causando varios muertos y heridos, y después de detener a decenas de estudiantes los entregaron al cartel criminal con el que estaban confabulados.
En el avance de la investigación presentado el pasado 15 de junio, la fiscalía especial reveló la identificación de los restos óseos del alumno normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Ese fue el segundo estudiante identificado en la actual administración después del hallazgo en junio del año pasado 2020 de los restos de Christian Alfonso Rodríguez, que sumó a Alexander Mora, el primer joven identificado en 2014 por forenses de la Universidad de Innsbruck, Austria
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los desaparecidos dijo después de la reunión que las familias “reconocen los avances que ellos están presentando (…) con algunas detenciones que se han efectuado”.
Sin embargo, agregó, la respuesta de los defensores de las víctimas es que “no vemos avances en la fiscalía general; también se le hizo énfasis en que no vemos avances en la profundización de la investigación al Ejército Mexicano; y en el poder judicial vemos claroscuros porque el criterio apunta más a favorecer a los imputados, a las personas acusadas, que a las víctimas”.
A la fecha hay 40 órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas, y “el sentimiento de los padres es ese, que es poco lo que se tiene, no está establecido el paradero con claridad”, puntualizó el jurista.
