La oposición, formada por las elites dirigentes del PRI,PAN,PRD; los que monopolizaron la cultura en los sexenios pasados; algunos organismos empresariales; los comentaristas de radio y televisión; la mayoría de los dueños de los periódicos; varios gobernadores que usaron los presupuestos estatales en su beneficio; expresidentes del periodo neoliberal; algunos traidores incrustados en la estructura gubernamental; senadores y diputados que recibieron sobornos para aprobar la ley energética de Peña Nieto; todos se quitan las máscaras, dejan fuera la simulación y se lanzan contra las políticas aplicadas por el actual gobierno.
En lugar de conseguir el apoyo de una base social, recurren, pasando por encima de la constitución, a quejarse buscando el apoyo del dirigente de la Organización de Estados Americanos (OEA), institución al servicio de los intereses de Estados Unidos, cuya historia esta repleta de intervenciones para desestabilizar gobiernos constituidos democráticamente.
Al ver afectados sus intereses económicos, recibidos de gobiernos entreguistas, quieren regresar a las etapas anteriores, donde impero la corrupción y la protección de la que gozaban del poder nacional y ahora con cinismo y descaro y usando la mentira como instrumento, crean un discurso demagógico, con el que buscan engañar al ciudadano.
Las corporaciones industriales y financieras de Estados Unidos, para las cuales el gobierno americano apoya y que también se han lanzado contra el gobierno mexicano; nos presenta un escenario de intervención, que, aseguramos, está destinado al fracaso.
A punto de cumplirse tres años de la toma de posición de la actual administración, la fiscalía general de la república, en sus investigaciones, tiene carpetas de investigación que involucran a varios gobernadores actuales y exgobernadores, además de políticos de los sexenios pasados.
A muchos ciudadanos, les parece que el procurador va lento en llevar a cabo la judialización de los casos, sin embargo, debemos tomar en cuenta que recibió una procuraduría compuesta por personal puesto por los gobiernos pasados, que, en algunos casos, llevan a cabo filtraciones, hacen tortuguismo en sus funciones y sirven a quien los puso ahí. Habrá que seguir limpiando la Fiscalía de malos servidores y acelerar los resultados, esperados por la mayoría.
Para este gobierno, es prioritario el ataque sin cuartel a la corrupción; en las altas esferas ya no existe esta; ahora la acción se encaminará a los gobiernos de los estados y a los presidentes municipales, llevados al poder por cualquier partido; porque hemos visto que hay casos en que algunos alcaldes envueltos en el manto del partido en el poder, se enriquecen como lo hacían los alcaldes de épocas pasadas.
En el caso Odebrecht, Emilio Lozoya Austin y Javier Duarte se vieron involucrados en una red de sobornos, además de los ilícitos en la compra de la planta de fertilizantes Fertinal.
En su denuncia Lozoya involucra a varios políticos de los sexenios pasados, entre ellos a Ricardo Anaya y otros de los que se acusa de: operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento Ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros; ante esto, el excandidato presidencial Ricardo Anaya anuncia que abandona México porque el gobierno presuntamente lo “quiere meter en la cárcel”.
Todos los corruptos se quejan de que son perseguidos políticos, no es así, son buscados porque infringieron la ley; el presidente le contesta Ricardo Anaya: No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; qué se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya nos es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos politicos.
