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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) 01 de julio de 2021. -— Con los ecos de los recientes comicios resonando, el electorado mexicano ha sido convocado a un nuevo referéndum para decidir, el próximo 1 de agosto, si se investiga o no a los últimos cinco presidentes por posibles casos de corrupción.
El país se prepara para eso entre el escepticismo de buena parte de la ciudadanía y la apuesta del mandatario Andrés Manuel López Obrador por poner un “punto final” al asunto.
El Instituto Nacional Electoral autónomo será el encargado del desarrollo de la “consulta popular”, pero para que sea válida, y su resultado vinculante, debe participar más del 40% de las personas registradas en la lista nominal de una ciudadanía que parece fatigada.
El atractivo es la posibilidad de enjuiciar a cinco exmandatarios del periodo que el líder de la izquierda nacionalista define como “neoliberal”, desde 1988 a 2018.
Ese umbral requerido es un poco menor que el 52,5% que participó el pasado 6 de junio en los comicios concurrentes, legislativos y locales “más grandes de la historia del país”, como los catalogaron el árbitro electoral y todos los partidos.
Cómo seducir al electorado
El actual presidente promueve como un éxito que por primera vez se pregunte a los ciudadanos acerca de enjuiciar o no a los exmandatarios que ejercieron el cargo durante las últimas tres décadas.
Pero su convocatoria exige largas explicaciones debido a que su principal objetivo es que se sepa su mayor divisa: “no es mi fuerte la venganza”.
El ejemplo que pone el jefe de Estado difícilmente entusiasma cuando adelanta que su apuesta es por una especie de “borrón y cuenta nueva”, para no quedar en la historia nacional como “un verdugo” de sus antecesores.
“Adelanto mi postura: yo de manera pública sostuve que no iba a participar (en la consulta ciudadana) y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final”, dijo López Obrador a mediados de junio, recordando su discurso de toma de posesión, en diciembre de 2018.
Lo único que exige es que la clase política haga una promesa: “no repetición, no hacer lo mismo y que, hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita la impunidad ni la corrupción”.
Nada de ver hacia atrás; pero durante tres años, el centro de su discurso contra la corrupción ha sido una gran queja: “el gran cochinero que nos dejaron”.
La consulta presentada como forma de “democracia participativa” fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia.
En la ambigüedad de la campaña contra sus antecesores en la silla presidencial, López Obrador trata de excluirse: “De todas maneras, van a ser los ciudadanos, el pueblo, el que va a decidir, no es el presidente”.
Pregunta polémica
La propuesta de un referéndum sobre el enjuiciamiento a exjefes del Poder Ejecutivo fue aprobada el 1 de octubre pasado por el máximo tribunal.
Pero antes de esa aprobación, la misma Suprema Corte rechazó con una cerrada votación, de seis contra cinco magistrados del pleno, un proyecto de sentencia contra la consulta que advertía que “no se puede someter a consulta la aplicación de la ley”, y que la volvería “inconstitucional”.
Días después, otro proyecto de resolución presentó una larga y rocambolesca interrogante, sobre la que los votantes decidirán en un mes.
La pregunta que la Corte Suprema aprobó, en una segunda votación de ocho contra tres, indica:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De esta forma, lo que para el presidente son actos de corrupción, quedan en “decisiones políticas tomadas en años pasados” que deben ser “esclarecidos”.
Eso sí, se hará sin violar los derechos de los señalados, ni las “posibles víctimas”, que no se conocen.
La pregunta original mencionaba los nombres de los exmandatarios, pero fueron eliminados por los magistrados para no violar derechos, respetando la “presunción de inocencia”.
Los personajes y señalamientos son: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), bautizado por López Obrador como “padre de la desigualdad”; Ernesto Zedillo (1994-2000) como “tecnócrata del neoliberalismo”; y Vicente Fox (2000-2006) como “traidor a la democracia”, al permitir un fraude que nunca fue demostrado en tribunales.
La lista la completan, Felipe Calderón (2006-2012), a quien acusa de haber ganado por “fraude electoral” y por “declarar la guerra contra el narcotráfico”, y Enrique Peña Nieto (2012-2018), por permitir la corrupción en escándalos como “los sobornos de Odebrecht”.
Fox ya pidió que López Obrador sea incluido en la lista: “o todos coludos o todos rabones”, lanzó.
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