Edificio de la CFE en Monterrey, Nuevo León, México, 5 de noviembre de 2019 Daniel Becerril / Reuters
R2 feb 2021.- T El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso una iniciativa de ley que busca dar prioridad a las empresas estatales en la generación y distribución de energía eléctrica.
La propuesta de ley ha generado polémica por dos razones: la primera, porque representa un revés para los proyectos privados de inversión en energías renovables; y, en segunda instancia, porque plantea que el Estado dé prioridad a la generación nacional por encima del bajo costo en la producción de electricidad.
Para sectores críticos con la iniciativa, esta modificación podría generar litigios internacionales con EE.UU., en el marco del acuerdo comercial T-MEC, debido a los proyectos de inversión de empresas estadounidenses en el sector energético mexicano.
¿En qué consiste la ley?
La iniciativa de López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica fue recibida por la Cámara de Diputados el pasado lunes. Al tratarse de una propuesta legislativa preferente, se obliga a la Cámara a despachar la normativa en un plazo de 30 días.
En la exposición de motivos de la iniciativa se recalca que el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto impulsó un proceso de privatización de la industria energética, presuntamente “a base de sobornos entregados a legisladores”, una acusación que sustentan en el testimonio de un exdirector de la paraestatal Pemex, quien aseguró que había pactado con coimas la reforma energética de 2014 para permitir mayor participación de firmas privadas en el sector.
El punto central de la iniciativa de López Obrador establece dar prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el suministro de energía eléctrica.
De acuerdo con la propuesta, el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden:
1.-La energía producida por hidroeléctricas.
2.-Lo generado por las plantas de la CFE.
3.-Energía eólica o solar de particulares.
4.-Energía de ciclo combinado generada por empresas privadas.
El propósito de esta modificación, según López Obrador, es “echar abajo los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE”.
¿Por qué su envío es importante?
Desde el principio de su mandato, pero con mayor énfasis en 2020, López Obrador ha advertido que las administraciones anteriores crearon un marco legal para beneficiar a empresas privadas, con el cual, la CFE estaba obligada a parar sus plantas de energía eléctrica para priorizar la electricidad generada por particulares.
Sin embargo, al priorizar la producción de energía nacional, el Gobierno mexicano eliminaría el criterio actual, afectando así los intereses de las firmas privadas. Por ese motivo, el planteamiento ha sido criticado por sectores ligados al empresariado, que rechazan la eventual reducción de su participación en la generación eléctrica.
¿Problemas con EE.UU.?
Por otro lado, diversos analistas han señalado que la “contrarreforma” propuesta por López Obrador podría provocar una serie de litigios con EE.UU., en el marco del acuerdo comercial T-MEC.
En enero pasado, funcionarios del gabinete del expresidente de EE.UU., Donald Trump, publicaron una carta a funcionarios de México para criticar la manera en que la administración de López Obrador había decidido “bloquear” proyectos privados de energía renovable.
“Estas medidas podrían afectar negativamente cientos de millones de dólares de inversiones gubernamentales de EE.UU. en México”, agregaron en la misiva.
En respuesta, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, respondió que las medidas adoptadas por México no violaban el acuerdo comercial.
Aunque empresas como la estadounidense Sempra Energy cuentan con proyectos en el sector eléctrico mexicano, la mayor parte del mercado privado de electricidad es acaparado por empresas de España, como Iberdrola.
La participación de las empresas privadas en el Sistema Eléctrico Nacional incluye a 255 autoabastecimientos, pequeña producción, exportación e importación; que generaron el 14 % del consumo nacional.
Asimismo, existen 31 centrales privadas que tienen asegurada su venta de electricidad a la CFE durante 25 años, lo cual, según documentos de la Secretaría de Energía, ha ocasionado un fuerte daño a las finanzas públicas del país.
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