Enrique Peña Nieto, presidente de México, en la cumbre de BRICS – REUTERS / Mark Schiefelbein
Sputnik 27.08.2021.-El Gobierno de México analiza una denuncia contra dos exjefes de Estado que hizo el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya (2012-2016), acusado de cobrar sobornos por 10 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
“Respecto al tema de los expresidentes, como se sabe, fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), y estamos en proceso de integración de la información, para que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes”, dijo Nieto a periodistas en la sede del Congreso federal.
Lozoya afirma que los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012, centroderecha); y su correligionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) Enrique Peña Nieto, (2012-2018), participaron de el reparto del dinero de los sobornos que cobró a Odebrecht a cambio de contratos, entre varios legisladores para que aprobaran una reforma energética en 2013, que puso fin al monopolio de ocho décadas de Pemex y abrió el sector energético a la inversión extranjera y privada.
Tras permanecer un año prófugo en Europa, Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en un lujoso complejo de Málaga, España, cuando aceptó ser extraditado el 17 de julio de aquel año a cambio de recibir el trato de “testigo colaborador”, confesar su versión para obtener el derecho a prisión domiciliaria en una mansión que habría comprado con dinero de sobornos y lograr una reducción de su eventual condena.
Trama de alto nivel
El titular de la UIF recordó que Lozoya presentó una denuncia en agosto de 2020 ante la Fiscalía General contra varios dirigentes políticos, entre ellos sus correligionarios del PRI, como Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray, quien también fue secretario federal de Hacienda en la administración anterior.
Lozoya también imputa al excandidato presidencial en 2018 del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) Ricardo Anaya de haber recibido unos 300.000 dólares para votar a favor de la reforma energética, y al exsenador Jorge Luis Lavalle, del mismo partido opositor, quien es el único que enfrenta la acusación en prisión, desde que fue detenido en abril de este año.
A cambio de sus denuncias contra líderes de los dos principales partidos opositores, Lozoya evitó ser encarcelado desde el día que fue extraditado de España.
Ahora enfrenta la acusación en su mansión, localizada en el exclusivo barrio capitalino de Lomas de Bezares, que costaría 1,5 millones de dólares, propiedad que ofrece entregar a las autoridades como “reparación del daño”.
Con dinero de coimas, el exdirector de Pemex también compró una residencia en la playa valuada en dos millones de dólares y abrió multimillonarias cuentas en paraísos fiscales.
Lozoya logró un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz, para acusar a un grupo de dirigentes del PRI y del PAN, a cambio de ser procesado en libertad condicional.
Así denunció ante la Fiscalía a unos 25 dirigentes por “enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y asociación delictuosa”, entre otros delitos, según una investigación publicada por el portal, Sin Embargo.
Caso Anaya
El caso más destacado es el de Anaya, quien anunció su salida del país el fin de semana pasado, cuando fue citado por un juez federal.
El candidato, que compitió contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, denuncia una “persecución política”, según él orquestada para impedirle volver a ser candidato en 2024.
Lozoya afirma que el dinero de los sobornos cobrados a Odebrecht —coimas que comenzó a negociar con directivos de la firma brasileña desde la campaña electoral de 2012, cuando integraba el equipo de asesores de Peña Nieto—, fueron orquestados por Videgaray, quien se encuentra en EEUU, como académico de Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Según la publicación mencionada, otros acusados por Lozoya son dos exsenadores del PAN, Ernesto Cordero y Salvador Vega, y los actuales gobernadores de Querétaro (centro), Francisco Domínguez, y de Tamaulipas (noreste), Javier García Cabeza de Vaca.
López Obrador niega tener relación con las investigaciones de la UIF y con la imputaciones de la Fiscalía, y recomendó a Anaya que enfrente a la justicia.
“Cuando se lucha por una causa se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, dijo esta semana el mandatario.
El fiscal Gertz dijo el 26 de agosto pasado que Anaya salió hacia Texas (EEUU, sur), a principios de julio, aunque el excandidato anunció su salida al exilio esta semana, y sus abogados lograron que la comparecencia ante un juez sea postergada para el 4 de octubre, alegando que no le permitieron acceso al expediente judicial.
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