El conflicto está centrado en el inicio de operaciones de la planta eléctrica Topolobampo III, ubicada en Monterrey, en Nuevo León, y la cual no ha iniciado operaciones debido a que faltan documentos de la autoridad federal.

Fue el 31 de enero de 2022 cuando Iberdrola finalizó el contrato de interconexión que le permitía operar en el régimen de autoabastecimiento para poder operar ahora en el mercado eléctrico mayorista.

Sin embargo, dicho permiso no ha sido otorgado por lo cual la planta ha permanecido parada, aunque ya cuenta con la infraestructura necesaria para operar.

La CFE reclama a Iberdrola el pago de una multa de 16,5 millones de dólares más IVA por el retraso en la construcción de dicha planta, por lo cual la firma española inició un proceso de arbitraje en el que además reclama la devolución de 2 millones de dólares pagados por sanciones contractuales impuesta en julio de 2020 y un pago adicional de 10 millones de dólares por cargos de capacidad y gastos incurridos.

Como respuesta, la CFE interpuso una reconvención en el arbitraje y reclama daños y perjuicios por 185,5 millones de dólares y 4,7 millones de dólares adicionales por concepto de multas al no haber alcanzado el coeficiente de integración nacional.

Recientemente, el juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez, ordenó mantener vigente el permiso de autoabastecimiento de Iberdrola para su planta en Monterrey, al considerar que las compañías que operan en esta modalidad tiene derecho a cambiar el giro del permiso otorgado.