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LA PAZ (Sputnik) 15.01.2021.— El fuerte rechazo de los empresarios a la suspensión por otros seis meses de pagos de deuda interna configura un “desafío existencial” de los sectores conservadores al Gobierno socialista de Luis Arce, dijo a Sputnik el analista económico Remberto Paredes.
“Por ahora parecen posiciones irreconciliables, aunque era algo más o menos previsible porque Arce está tratando de hacer lo que prometió: reponer un modelo económico socio comunitario que los empresarios ven como una amenaza a su existencia”, dijo el experto, docente de la universidad minera Siglo XX.
Apuntó a que los grupos mejor acomodados en la relativamente pequeña economía boliviana, en particular los banqueros, han visto reducirse sus ganancias durante la pandemia y, “en una suerte de desafío existencial al Gobierno”, no están dispuestos a aceptar medidas que achicarían aún más sus negocios.
El enfrentamiento se agravó esta semana tras el acuerdo del Gobierno con un sector de transportistas para abrir un período de gracia de seis meses, hasta junio, antes de que se reanuden los pagos de deudas a los bancos, que estuvieron suspendidos entre marzo y diciembre de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.
Ese período de gracia fue denunciado por el sector empresarial como una “ampliación del diferimiento de deudas” que rigió en los 10 meses pasados, por leyes impuestas en el parlamento por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que está de vuelta en el Gobierno desde noviembre pasado.
Anti-neoliberal
Paredes recordó que el sector empresarial ya estaba muy molesto por la progresiva anulación, desde la llegada de Arce al poder, de medidas pro mercado que había dictado la pasada administración transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020).
“Arce eliminó la libre exportación, creó un impuesto a las fortunas, repuso la prioridad de las inversiones públicas, dispuso que los bancos den créditos productivos antes de comerciales y les ordenó no pagar dividendos inmediatos sino reinvertir todas sus utilidades del año pasado”, resumió.
Según el analista, estas medidas ponían fin al “sueño neoliberal” por el cual los empresarios apoyaron abiertamente la gestión transitoria de Áñez, quien tomó el poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), jefe político de Arce.
En esa situación, sostuvo Paredes, el acuerdo Gobierno-transportistas extiende hasta medio año “el período de no cobro de créditos, incluidos pagos de capital e intereses”.
“El malestar de los banqueros es tanto económico como político, los empresarios van a hacer todas las protestas posibles, para al menos dejar en el ambiente de la denuncia de lo que califican como una injusticia y un riesgo económico, en tanto que el Gobierno trata de que el tiempo le dé la razón”, añadió.
Antecedente
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) dijo el 14 de enero que la extensión del diferimiento de deudas constituía un “peligroso antecedente para la cultura de pagos (…), un duro golpe [que] pone en peligro la estabilidad del sistema financiero”.
El secretario general de Asoban, Nelson Villalobos, advirtió que, tras no recuperar préstamos por un largo período, los bancos enfrentarían a costo plazo “falta de recursos para la otorgación de créditos [sic]” que golpearía a la reactivación económica.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respaldó a su afiliada Asoban asegurando que los perjuicios a mediano plazo serían mayores que los supuestos beneficios del diferimiento y golpearían más a los deudores que a los mismos bancos.
“La señal que envían las autoridades, que cedieron en una exigencia [de los transportistas], es que la presión genera resultados, de modo que este desenlace tiene el potencial de extenderse a otros sectores”, dijo la CEPB.
Gobierno
El Ministerio de Economía respondió este 15 de enero negando en un comunicado “el supuesto atentado contra la estabilidad y vulneración del sistema financiero” y llamando a los patrones a “sumarse al esfuerzo para lograr un futuro con estabilidad y retomar la senda del crecimiento económico”.
La ley, remarcó el comunicado, dispone que los servicios financieros “deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”.
Añadió que el Gobierno socialista impulsa una política financiera basada en criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad y redistribución equitativa.
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