Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados de México CC BY-SA 3.0 / Thelmadatter / Palacio Legislativo de San Lázaro
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) 30.04.2021. — El Pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó la “solicitud de procedencia” de un juicio, presentada por la Fiscalía General de la República, para quitar el fuero al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
“Última Hora: Con 302 votos a favor, 134 en contra, 14 abstenciones se avala dictamen de Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, solicitado por la Fiscalía General de la República, en contra del gobernador del estado de Tamaulipas”, informó el órgano del Poder Legislativo en su cuenta de Twitter.
El gobernante de la entidad del noreste del país, con costas frente al Golfo de México y fronterizo con EEUU, es destacado militante del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), que tiene en el Congreso la mayor bancada opositora al Gobierno.
En una de las sesiones más candentes del Cámara Baja, el polarizado debate se prolongó más de seis horas entre insultos, abucheos y expresiones de protesta en el Palacio Legislativo, antes de la votación.
El dictamen será enviado a los diputados locales del Congreso de Tamaulipas para proceder a suprimir la inmunidad que solicita la Fiscalía, pero el proceso se podría complicar porque en esa instancia legislativa la mayoría está en poder del PAN.
La fiscal Elizabeth Alcantar subió a la tribuna del salón de sesiones de la Cámara para presentar las imputaciones contra el gobernador, que llevaron a solicitar el desafuero que lo deja sin inmunidad y permite que enfrente un proceso penal.
El gobernador García Cabeza de Vaca publicó un vídeo en redes sociales después del dictamen, en el que denuncia que “es a todas luces un linchamiento político y penal”.
El político de 53 años afirma que la ley en México “vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”.
La respuesta del acusado por la fiscalía afirma que “el odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este Gobierno federal”.
Por su parte, el coordinador de la bancada de PAN, Juan Carlos Romero Hicks, denunció en la tribuna que se trata de “un acto faccioso de un proceso dirigido a tiempos electorales (antes de los comicios legislativos del 6 de junio próximo), que son discrecionales y sesgados (…), y se manejan a capricho desde el señor Presidente de la República”.
Acusación, protesta e incertidumbre
Según las leyes mexicanas, con la presencia de la defensa del gobernador, el pleno de la Cámara de Diputados se erigió en “Sesión de Jurado del Juicio de Procedencia” para analizar si procedía la solicitud presentada por la fiscalía de abolir el fuero que protege a los gobernadores.
Pablo Gómez, un veterano diputado del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que fungió como presidente de la sección instructora del juicio, afirmó que en el proceso legislativo “se comprobó el delito de defraudación fiscal agravada”.
Según el legislador oficialista, la acusación quedó evidenciada al comparar los ingresos y la defraudación fiscal que se imputa.
La acusación, de 50 páginas, indica que el funcionario utilizó cargos públicos para acumular “una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas (sur de Estados Unidos), y Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 y 2019”.
Los bienes que exceden los ingresos del dirigente político y gobernante serían empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias, que habría acumulado repartidos entre familiares y testaferros.
La bancada completa del PAN en la Cámara Baja subió al escenario principal donde está la Mesa Directiva y la tribuna legislativa a denunciar una “venganza política”.
Además del PAN, los partidos opositores Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), y Revolucionario Institucional (PRI, centro), reclamaron el “uso político de la justicia”.
Los opositores colocaron una enorme pancarta a lo largo de la tribuna que rezaba “¡Basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia!”
La oposición sostiene que se trata de una “burda intención de impactar sobre el proceso (electoral) que está en marcha”.
La Constitución mexicana establece de manera general que la eliminación de la inmunidad debe ser comunicada a las legislaturas locales, pero el inédito proceso podría complicarse en esa instancia, porque el PAN no solo gobierna ese estado de la frontera norte, sino que tiene mayoría en el Congreso de Tamaulipas.
Si el Congreso de Tamaulipas respalda al gobernador inculpado y desacata el dictamen de la Cámara de Diputados federal, el caso podría ser elevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
